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El financiamiento del Estado para apoyar los desarrollos tecnológicos contra el COVID-19

28 de Mayo 2020
El financiamiento del Estado para apoyar los desarrollos tecnológicos contra el COVID-19

La carrera por detener o reducir la velocidad de propagación de la pandemia del COVID-19  ha llevado a muchos países a destinar significativos recursos fiscales para apoyar el financiamiento de proyectos que  permitan encontrar una luz de esperanza en este sentido.

Argentina ha reaccionado de igual manera proponiendo reorientar diversos fondos de promoción productiva o científica hacia proyectos que cumplan con la promesa de mejorar la capacidad de lucha contra el coronavirus. 

En este sentido se ha desarrollado una convocatoria de parte de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (en adelante la Agencia), donde se financiarán con aportes no reembolsables (forma en la que se denominan a los subsidios)  aquellos proyectos que estén encabezados por grupos de científicos con antecedentes de haber participado en programas con financiamiento pretérito del Estado. El subsidio consiste en el equivalente en pesos de hasta US$ 100.000, orientados a actividades de I+D que rápidamente puedan volcarse en soluciones, fundamentalmente a la producción de aquellos  insumos que se listaron como críticos, por su falta de producción local, dificultad para importarse o porque los artículos de origen nacional no cumplen con los requisitos del ANMAT. Se priorizarán aquellos que puedan estar presentes en el mercado en el plazo más corto y tengan mayor impacto local. 

El llamado se hizo el 27 de marzo y finalizó el 10 de abril. Una ventana de tiempo corta que supone un límite para el desarrollo de iniciativas que arranquen desde cero, siendo plausibles solo aquellas actividades que deriven de la modificación de proyectos tangenciales asimilados.

Según mi experiencia, cuando una empresa o grupo de investigación quiere aplicar a un programa de este perfil, debe seguir una serie de pasos para alcanzar el éxito.  Obviamente, que lo primero es leer las bases y condiciones. Por lo general, ahí quedan marcadas claramente algunas restricciones, pero hay muchas cosas que pueden interpretarse en forma amplia, y ello no es lo que esperan quienes hacen las evaluaciones, que por el contrario, son muy restrictivos. Ante estos dilemas, lo mejor es consultar al organismo para la identificación específica de aquellas ambigüedades que pueden generar errores de interpretación o formulación. A su vez, para una correcta apreciación del flujo de fondos real al que deberán enfrentarse, sería muy útil conocer los tiempos generales del proceso de evaluación y las etapas de desembolso. Aquí se entra en el peligroso proceso de estimaciones basadas en experiencias pasadas.

Si de algo sirve la experiencia pasada, es para inferir que los tiempos de evaluación, estructuración y desembolso son diferentes e impredecibles en cada proyecto. Estas variaciones están vinculadas por razones endógenas de la propia Agencia como por circunstancias presupuestarias externas a la Agencia o bien por dificultades por parte del grupo emprendedor para cumplir con algún requisito, por ejemplo, las garantías. No considerando el contexto de alta inflación presente, es poca la flexibilidad de la Agencia para reconocer los mayores costos asociados al proyecto, por ello, es muy relevante hacer estimaciones de tiempo prudentes. 

Una vez realizadas las evaluaciones vinculadas a los objetivos y plazos, debe hacerse un relevamiento de la documentación que se precisa cumplimentar. Esta debe estar completa, ya que el proyecto pasa por diversas etapas, entre ellas la de control de la documentación legal, que implica presentar toda la información, en el formato solicitado, por ejemplo balances certificados.

En cuanto al proyecto propiamente dicho, el mismo debe tener una redacción clara y precisar tanto los objetivos como las etapas a ejecutar para alcanzarlos. Se deberá definir a su vez el impacto del proyecto, para poder realizar las proyecciones de ingresos, costos y beneficios. En este sentido, los proyectos son aceptados cuando la tasa de retorno es superior al 15 % e inferior al 100 %. En la realidad ocurre que algunos proyectos pueden tener tasas de retorno superiores, pero esto no es admitido, por lo cual se sugiere torturar los números para que ellos digan lo que desean los evaluadores. Incluso cuando se trata de productos innovadores cuyas ventas futuras son inciertas.

Cuando se trata de proyectos en marcos de la una emergencia sanitaria, puede haber criterios diferentes a los generales para la selección. Por ejemplo, plazo de ejecución, tasa de retorno social y no solamente la privada, capacidad del equipo para llevar adelante el proyecto, entre otras.

Autor: Lic. Sergio Chesler.
chesler1971@yahoo.com.ar 
Economista de Gobierno.
Asesor de rectorado en UNSAM.
 



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