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Por qué el contrabando vende 3 millones de unidades al año y ya es "el cuarto operador"

De los 11 millones de celulares que se venden cada año, casi tres millones entran al país de forma ilegal y no pagan impuestos. Qué están haciendo los fabricantes y el Estado para frenar la avalancha.

Por FLORENCIA PULLA - 15 de Noviembre 2017
Por qué el contrabando vende 3 millones de unidades al año y ya es "el cuarto operador"

Los argentinos que viajan al exterior todos los años —unos 235.700 en 2016, según cifras del Indec— lo han vivido: un enjambre de familiares y amigos que ruegan, botellas de vino y promesas de asado mediantes, por la compra de un celular en el exterior. Los más codiciados son los que no se consiguen a buen precio en las vidrieras locales. En ese grupo de celulares deseados entran varios flagships pero el favorito es el iPhone que, aunque no tiene buenas ventas “legales” sí entra, en un buen número, por el circuito ilegal a la Argentina. Puede ser a través del famoso hand carry —cuando un conocido va a Miami y trae varios en el bolsillo— pero, más todavía, por el contrabando tradicional. Atacan la demanda insatisfecha de teléfonos a bajo costo o últimos modelos que tardan en arribar a tierras argentinas.

Las cifras asustan a propios y ajenos. El mercado argentino de teléfonos inteligentes mueve alrededor de 12 millones de unidades anualmente pero un porcentaje cada vez más grande entra ilegalmente al país, suponiendo una competencia desleal que afecta a las marcas relevantes del sector. Son, en total, unos tres millones de unidades que entran por año al país a razón de 8.000 por día, lo que representa, aproximadamente, 30 por ciento del mercado total de smartphones.

Según la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), que nuclea a las empresas que producen localmente, en 2015 ingresaban ilegalmente al país un millón y medio de unidades; para este año, se espera que alcancen los tres millones. “Por el volumen, el impacto en la industria es enorme. La demanda está planchada y corrigiendo el contrabando se podría revitalizar todo el mercado,” explica Federico Hellemeyer, presidente de la organización.

Para muestra basta un botón: la cantidad de smartphones vendidos se mantiene estable hace años pero los fabricantes locales hoy producen 9,5 millones de unidades en vez de los 11 millones que solían fabricar años atrás. “Es un share muy grande el que perdimos en manos del contrabando”, dice Hellemeyer. Una fuente dentro de una de las telcos más importantes del país lo resume: “Los números del contrabando son enormes: hoy mueve como si fuera un operador más.”

En la pelea el tema impositivo no es menor. El llamado “impuestazo tecnológico” —un castigo del gobierno anterior para aquellos fabricantes que no se instalaban en Tierra del Fuego y que mantiene el macrismo— apuntaba a crear un hub de fabricantes en la provincia del extremo sur argentino. En teoría los headsets locales tendrían que estar en ventaja frente a la importación. Pero si se les suma el famoso “costo argentino” de mano de obra y logística, las cifras no favorecen del todo a los fabricantes locales. Frente al contrabando que no paga impuesto alguno están, directamente, en franca desventaja. “La regulación que favorece la producción en Tierra del Fuego genera una barrera de entrada para ciertos productos. Si no hay un volumen que lo amerite, generar una operación en el país solo para satisfacer al mercado local es complicado, no solo por el dinero que se tiene que invertir sino también por los problemas logísticos de mover los gadgets. Si no podés generar un piso de tres o cuatro puntos de share no tiene sentido instalarse,” cuenta, sottovoce, un operador móvil. Sebastián Novoa, analista de IDC, refuerza este punto: “Bajaron los aranceles de todo menos de los teléfonos celulares.”

Para los fabricantes, el escenario es complicado. Germán Grecco, gerente general de Motorola para la Argentina, dice que el contrabando obligó a las marcas a rediseñar sus estrategias de venta. “Trabajamos mucho para que los precios sean agresivos y en muchos casos no podemos competir porque la composición impositiva de un producto legal es alta. Esos smartphones no pagan un peso al Estado y, además, arruinan la reputación de marca porque no tienen bandas habilitadas para funcionar acá o no tienen servicio de posventa a la altura de lo que necesitan los usuarios.”

Para desincentivar la venta ilegal, los fabricantes tienen varios planes en marcha. En principio, el precio es una variable que usan para ganar share por encima de competidores moribundos pero también para competir contra el contrabando. Una estrategia de pricing agresiva puede ayudar a ganar espacios de mercado, ajustando la competencia con los flagships internacionales que, muchas veces, llegan antes al país de forma ilegal y que, en casi todos los casos, se venden libremente a precios menores que los de los retailers autorizados. Otra manera es competir en el servicio: tener la certeza de que el celular va a funcionar bien, va a gozar de plena garantía y tendrá un servicio de posventa de acuerdo a las exigencias del segmento Premium aporta cierta tranquilidad al usuario. 

“Trabajamos para generar valor agregado —reconoce Bruno Drobeta, director Comercial para la Argentina de Samsung, el mayor fabricante a escala local— porque si no estamos en franca desventaja. Por eso hacemos hincapié en el servicio, en la experiencia de compra y en ofrecer buena financiación y promociones.” Coincide Melisa Bisman, gerente de Marketing de Sony Mobile Argentina: “El mercado gris no favorece en nada. No podemos competir con un celular que alguien decide traer de afuera. A veces, lo que sucede es que el consumidor se decide por un gadget local por otras razones: tener garantía o poder pagarlo en cuotas”. Grecco, de Motorola, asiente: “Cuando alguien compra afuera se puede equivocar: llega y descubre, por ejemplo, que no tiene la banda 28 y no funciona el 4G. O si se rompe, no hay piezas para arreglarlo y tiene que comprar otro acá”.  La estrategia, en este sentido, se parece más a la de los antivirus en los 90: mejor prevenir que curar.

A gran escala

El tema mantiene especialmente despiertas a las marcas que comercializan celulares de alta gama. No se preocupan por lo que ellas llaman hand carry, “el argentino que va a Miami y se trae un celular un el bolsillo”, como lo describen fuentes del sector. Ese porcentaje del mercado —al que en AFIP Aduana llaman, cariñosamente, “bagayeo” y que implica esconder el gadget en la ropa y no declararlo—  que a priori podría percibirse como significativo por la avalancha de turistas que viajan a los Estados Unidos, no es tal: solo representa uno por ciento del total. “El problema es el contrabando tradicional. Son organizaciones con una capilaridad enorme. Para ingresar equipos se necesita espalda financiera y un lugar para guardarlos”, confió un ejecutivo de una marca fabricante.

Es difícil estimar si existe o no una mafia organizada justamente por la ilegalidad de la práctica. No se puede censar a un contrabandista pero hay otros caminos para saber cuántos celulares hoy pertenecen a este segmento: por ejemplo, hablando con los carriers sobre las cifras de activación. Ellos pueden saber a ciencia cierta de qué modelo se trata porque está asociado al IMEI, un número único que identifica a cada celular.  “No hay inteligencia comercial sobre la operación ilegal. Pero son 8.000 por día y no son cuevas en una galería del microcentro solamente. No es alguien que trae 30 celulares en la mochila,” es la percepción de Hellemeyer. “De tres teléfonos que vende cualquier marca, uno es en negro”, reconoce Novoa, de IDC.

Otro problema, reconocen, es que las operaciones se hacen a la vista de todos. Hay cierta impunidad en la práctica. Basta caminar por microcentro para ver, en las vidrieras, los celulares exhibidos. O pasearse por algún marketplace importante para toparse, fácilmente, con smartphones a precios varios cuerpos por debajo de aquellos que se venden legalmente. “Tiene que haber más controles en las fronteras —reclaman desde Afarte— porque, muchas veces, los números se inflan por malas prácticas. Por otro lado, hay que regular mejor lo que pasa en los sitios de e-Commerce que facilitan la venta. Hay que intensificar controles en las publicaciones y hoy eso no ocurre.”

Posibles soluciones se están barajando entre los distintos actores involucrados aunque no parecen ponerse de acuerdo. Mirando al exterior, una posible alternativa podria ser la creación de un “registro blanco” de IMEI para dejar fuera de juego a las unidades contrabandeadas como hoy se hace con los celulares robados y denunciados. Lo cierto es que todavía no hay planes en concreto para darle luz verde al proyecto, resistido por operadores cuyo negocio es habilitar la mayor cantidad de líneas posibles. Una reglamentación así solo existe en un puñado de países. En la región, el único ejemplo es Ecuador, por ejemplo. ¿La razón de este rechazo? No es una práctica extendida ya que castiga al comprador de buena fe y no a quien lo comercializa. El argumento es que, si no se corta el flujo desde el lado de la  la oferta, bien puede atacarse la demanda. Aunque, claro, criminalizar al comprador no resulta una idea muy simpática para ningún player.

Lo cierto es que lejos están, ya, de la etapa de palabras; los fabricantes demandan acción. “Esto ya dejó de ser un problema de alguien que viaja y se trae un teléfono de afuera. Es deber del Estado combatir el contrabando porque se trata de un grave perjuicio fiscal”, remata Hellemeyer. 


Nota publicada en la edición 241 (octubre/2017) de Infotechnology.



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2 Comentarios

coco mac Reportar Responder

era hora que se baje un poco.. siendo nacionales y pagando menos impuestos salía mas caro.. la década ganada.. igual samsung y fabrica arg = bosta son todos iguales. me quedo con iphone toda la vida

Nahuel Martinu Reportar Responder

Mil veces un equipo libre de publicidad antes que un clavo comprado en el país. Los argentinos no saben vender tecnología sin estafar.

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